En la cárcel de Apodaca hay asesinos. Los hay que fueron recluidos ahí precisamente acusados por ese delito. Pero también los hay que siguen en activo, que la madrugada del domingo masacraron al interior de ese reclusorio a otros 44 reos. Asesinos que este lunes y este martes siguieron su vida normal, de encarcelados pero normal, sin enfrentar nuevos cargos judiciales por las muertes del domingo porque las autoridades aún no descubren las identidades de los homicidas. Estos asesinos están escondidos tras el anonimato que da el formar parte de un dormitorio, el C, donde viven 450 de los 2700 presos que hay en Apodaca, el reclusorio de donde se fugaron esa misma madrugada 30 integrantes de Los Zetas.
Lo que sí saben ya las autoridades de Nuevo León, industrioso estado del norte mexicano donde se ubica Apodaca, es que al menos 16 funcionarios del penal --empezando por su director, el subdirector y el jefe de seguridad-- participaron en la fuga, que se registró no a la par de “la confusión” por la matanza, sino casi una hora antes que iniciara ésta y, por lo que se sabe, huyeron sin necesidad alguna de violencia, pues fueron los propios custodios quienes abrieron paso tanto a los prófugos como después a los asesinos, a quienes les facilitaron al acceso al ambulatorio D, en donde cazaron a sus contrincantes: todos los muertos estaban ligados al Cartel del Golfo, y es ya la más grande masacre en una cárcel en tiempos modernos en México.
La fuga y la matanza, o la matanza y la fuga, a cual más de graves, constituyen además el recordatorio de que el maltrecho sistema de procuración de justicia en México tiene descomunales fallos, particularmente en el sistema carcelario, quizá el terreno en el que menos se ha trabajado en los años de la guerra contra el crimen organizado, periodo en el que se ha discutido, sin suficiente avance, sobre la necesidad de un nuevo modelo policíaco, o la implantación de un nuevo sistema de juicios orales, pero nada sobre la cloaca que son las cárceles.
El presidente Felipe Calderón reconoció esto el martes, cuando dijo "estamos construyendo nuevas instituciones revisando las policías, revisando los Ministerios Públicos, modernizando, aplicando controles de confianza, creando la Policía Federal, ahora con este problema que tenemos en algunas entidades de la República, en Tamaulipas o Nuevo León, que hacen crisis sus sistemas de reclusorios, estamos construyendo nuevos reclusorios en el país, casi una decena de ellos, que estarán (listos) la mayoría casi este mismo año, que es un esfuerzo que no se había hecho por lo menos en 20 años en México”.
Apodaca, nos dice el presidente Calderón, es parte de la crisis de “algunas entidades”. En realidad el mandatario peca de optimismo. Dos especialistas en materia de inseguridad aportaron en las últimas horas sendos diagnósticos de la famélica situación de las cárceles mexicanas, donde la regla es que los penales de los estados son una “zona de desastre”, como ha dicho Alejandro Hope, y en las que “los presos de organizaciones criminales ejercen un ‘autogobierno’ (…) que implica desde cobrar protección a los internos ‘comunes’, hasta tener injerencia en el nombramiento de custodios”, publicó ayer Eduardo Guerrero, que agrega, “este autogobierno les permite organizar fugas y ejecutar rivales cuando lo consideran necesario”.
Guerrero, en un artículo denominado Apodaca y el talón de Aquiles, en el diario Reforma, pone un contexto indispensable a la hora de tratar de entender lo que ocurrió el domingo: “Probablemente la riña en Apodaca también inició como un ajuste de cuentas en respuesta a la riña que tuvo lugar el pasado 4 de enero en el penal de Altamira, Tamaulipas. En esta riña, en la que se enfrentaron miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas por el control de actividades ilícitas al interior del penal, el saldo fue de 31 ejecutados, todos Zetas”. Además, el especialista llama la atención sobre las consecuencias que esa pugna acarrea para Monterrey y su zona conurbada, en donde está Apodaca, donde se vive un aumento en los homicidios como no se había visto en meses.
Sobre la crisis del sistema penitenciario mexicano, que alberga la octava población carcelaria del mundo, Hope publicó este lunes que para empezar hay “sobrepoblación: en los 429 centros de reclusión que existen en el país, hay espacio para 186,000 reclusos. El número de internos, sin embargo, es de 231,510 (datos a octubre de 2011). A nivel nacional, la sobrepoblación es de 124%, pero en algunos penales llega a más de 250%”.
En su artículo para el portal Animal Político, denominado ¿Qué hacemos con las prisiones?, Hope apunta que uno de las causas de la crisis es el “uso y abuso de la prisión preventiva. A octubre de 2011, 42% de los reclusos no habían recibido una sentencia. La población de procesados (tanto federales como del fuero común) creció 7% en el periodo octubre 2010-octubre 2011, mientras que los sentenciados se incrementaron en apenas dos por ciento”.
En el caso de Apodaca, las autoridades han determinado que los custodios que facilitaron fuga y matanza recibían cantidades mensuales equivalentes a montos que van de 600 a poco más de 1000 euros. Lo que significa 100 por ciento más que lo que es su sueldo. Además, Hope alerta que mientras en Estados Unidos hay un guardia por cada ocho presos, en México hay uno por cada 18 reos.
Al amanecer de este martes se supo que dentro de otro penal de Nuevo León, el de Topo Chico, otros tres presos habían sido asesinados. Estas personas, entre las que había una mujer, no tenían ni 24 horas de haber ingresado al reclusorio, acusados de asesinatos y secuestros. Se presume que pertenecían al Cártel del Golfo. También en ese penal hay asesinos que siguen en activo.
"Hoy por hoy las personas que colaboran con el crimen organizado saben que, si las detienen, podrán seguir delinquiendo, gozarán de privilegios dentro de la cárcel, e incluso podrán escapar; simplemente tienen que mantener lealtad a su organización y no proporcionar información a las autoridades", nos dice en su artículo Guerrero.
