El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, declaró hoy el estado de calamidad nacional,
como consecuencia de los daños causados. Fuentes de la Presidencia
indicaron que la proclamación permitirá agilizar la utilización de los
fondos oficiales, la concesión de préstamos a intereses preferenciales y
controlar los precios de los alimentos en las zonas más castigadas,
entre otras cosas.
Un grupo de filipinos buscan a sus familiares entre los troncos caídos |
Las regiones de Mindanao (sur) y Visayas (centro) son las
más castigadas por el azote del tifón, que entró en el país con vientos
sostenidos de 175 kilómetros por hora y copiosas precipitaciones.
El estado de calamidad se aplicó los primeros días en las
provincias del Valle de Compostela, Davao Oriental y Surigao del Sur, en
Mindanao, de donde son la casi totalidad de las víctimas mortales.
Los últimos datos del Consejo Nacional de Prevención y
Respuesta a los Desastres incluyen 212.323 personas acogidas a 297
centros de evacuados y necesitan agua potable, alimentos, ropa y
medicinas.
Aún siguen sin luz 35 municipios y continúan intransitables 16 carreteras y 18 puentes. «Pablo», el nombre local que le dieron los filipinos al huracán, destruyó 21.465 casas y causó destrozos en otras 16.711.
Los daños provisionales a la agricultura y las infraestructuras superan los cien millones de dólares. Las prioridades de las autoridades son atender a las personas desplazadas, localizar a los desaparecidos y restablecer las comunicaciones y los servicios.
«Bopha» ha resultado ser el peor tifón que ha visitado el
país este año y cierra una temporada que empieza por lo general en junio
y concluye en noviembre.
El año pasado ocurrió algo parecido con «Washi», que visitó
inesperadamente Filipinas la semana anterior a Navidad y mató a unas
1.200 personas.
La deforestación, la proliferación de las minas ilegales,
la falta de infraestructuras y el chabolismo incrementan los efectos
devastadores de los tifones y las inundaciones que afectan durante la
época del monzón a Filipinas.