El grado crítico de violencia causado por el narcotráfico en
Latinoamérica ha metido el viejo debate sobre la legalización de la
droga por primera vez en la agenda de presidentes en activo. Los
mandatarios de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez y Mauricio Funes, han
llamado a analizar la opción de regular el comercio del tráfico de
estupefacientes, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha
recogido el guante diciendo que no se opondría a un debate “serio y
riguroso”. Estos pronunciamientos de líderes centroamericanos refuerzan
la línea abierta en noviembre por el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, que se mostró partidario de legalizar
la marihuana y la cocaína si eso permitía “erradicar la violencia del
narco”, y consolidan el primer frente gubernamental crítico con la
política de prohibición a ultranza comandada por Estados Unidos.
Roto el huevo de la regulación con la declaración conjunta que hicieron Pérez y Funes el pasado lunes 13, el volumen mediático del asunto ha subido tanto que incluso el Gobierno de Felipe Calderón –principal cancerbero de la estrategia estadounidense de fuego y represión penal durante el sangriento sexenio en que ha dirigido México–, a cinco meses de terminar su mandato, ha aceptado la idea de poner el problema sobre la mesa. Su ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, reconoció este miércoles que es necesario promover el debate “a nivel internacional”.
Esta incipiente corriente de cambio entre los que mandan ahora en América Latina, a su vez, robustece el sólido movimiento regulacionista
que ya formaban algunos de los que mandaban antes, y que, sin sillones
presidenciales en juego, embisten de frente contra el modelo que impone
Estados Unidos, padrino político y económico de los países más abrasados
por el narco. “Su política ha fracasado”, sentenció hace unos días en
el Foro Drogas de
Ciudad de México el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.
César Gaviria, exmandatario colombiano y correligionario de Cardoso en
la Comisión Global sobre Políticas de Droga
(motor del debate entre la élite internacional), se explayó en el mismo
congreso contra el veto de Washington al esbozo de un nuevo modelo:
“¿Vamos a seguir poniendo nosotros tantos muertos porque ellos no sean
capaces de discutir el problema?”.
Los asesinatos y la corrupción institucional se expanden entre el norte de Sudamérica, zona mayoritaria de producción de la droga, y Estados Unidos, centro mundial del consumo, asolando cada vez más la zona intermedia de las rutas del narco: Centroamérica y México.
El Salvador y Guatemala ocupan el segundo y el séptimo puesto en la lista de países con más homicidios publicada en 2011 por la ONU con datos de 2010. Ese año murieron asesinados 66 de cada 100.000 salvadoreños y 41 de cada 100.000 guatemaltecos. Los focos, sin embargo, miran hacia la sangría mexicana, proporcionalmente menor, pero de unas medidas desmesuradas. En los últimos seis años, según cifras oficiales, han muerto 47.500 ciudadanos por crímenes vinculados al mundo del tráfico de drogas, y la tasa de homicidios se ha doblado de 10 a 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes con respecto a 2006, final del mandato de Vicente Fox.
El domingo pasado, horas después de que murieran 44 presos en una
cárcel de México en un caos salvaje que permitió la fuga de 30 reos del
cártel de los Zetas, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, miembro
de la Comisión Global, dijo que la situación de su país es “trágica” y
denunció que el virus de la narcoviolencia es indesligable de las “políticas equivocadas de los grandes países consumidores”.
El gran consumidor, Estados Unidos, donde según la ONU se concentra el 37% del consumo mundial de coca, se aferra entretanto a su credo prohibicionista. Inmediatamente después del volantazo del exgeneral Otto Pérez, que antes de ganar la presidencia en enero prometía más mano dura y ahora encabeza el cuestionamiento de la guerra contra el narco, la embajada estadounidense en Guatemala soltó un comunicado granítico: “La legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad pública”. Su esfuerzo global contra el tráfico de estupefacientes, sin embargo, está disminuyendo. El Gobierno de Barack Obama invertirá en 2013 un 17% menos que en 2012 en su batalla global contra el tráfico de drogas, de 422 a 360 millones de euros.
La tradicional estrategia antidroga pierde fuelle económico y cuajo político mientras se aviva por primera vez en las élites de gobierno latinas el enfoque regulacionista, que apuesta por bloquear el motor del crimen haciendo emerger a la superficie legal el submundo comercial de los narcóticos y reorientar el gasto público hacia políticas de prevención del consumo y de tratamiento de las adicciones.
El próximo movimiento podría tener lugar en la Cumbre de las Américas, 14 y 15 de abril en Cartagena de Indias, Colombia. Otto Pérez ha anunciado su propósito de utilizar esta cita como plataforma de lanzamiento formal del debate, Funes ha dado un paso atrás nada más encenderse la polémica, matizando que acepta hablar sobre la regulación pero no la defiende personalmente, y Colombia ha vuelto a entrar en el cogollo de la cuestión con la apuesta de su ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, por discutir la cuestión en la Cumbre. Y la reina del tablero, por ahora, sigue enrocada en su casilla.
Rancho de Tlajomulco (México) en el que el Ejército se incautó de
una cantidad histórica de metanfetaminas el pasado 10 de febrero
Roto el huevo de la regulación con la declaración conjunta que hicieron Pérez y Funes el pasado lunes 13, el volumen mediático del asunto ha subido tanto que incluso el Gobierno de Felipe Calderón –principal cancerbero de la estrategia estadounidense de fuego y represión penal durante el sangriento sexenio en que ha dirigido México–, a cinco meses de terminar su mandato, ha aceptado la idea de poner el problema sobre la mesa. Su ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, reconoció este miércoles que es necesario promover el debate “a nivel internacional”.
Es el primer frente gubernamental crítico con la política de prohibición a ultranza comandada por EE UU
Los asesinatos y la corrupción institucional se expanden entre el norte de Sudamérica, zona mayoritaria de producción de la droga, y Estados Unidos, centro mundial del consumo, asolando cada vez más la zona intermedia de las rutas del narco: Centroamérica y México.
El Salvador y Guatemala ocupan el segundo y el séptimo puesto en la lista de países con más homicidios publicada en 2011 por la ONU con datos de 2010. Ese año murieron asesinados 66 de cada 100.000 salvadoreños y 41 de cada 100.000 guatemaltecos. Los focos, sin embargo, miran hacia la sangría mexicana, proporcionalmente menor, pero de unas medidas desmesuradas. En los últimos seis años, según cifras oficiales, han muerto 47.500 ciudadanos por crímenes vinculados al mundo del tráfico de drogas, y la tasa de homicidios se ha doblado de 10 a 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes con respecto a 2006, final del mandato de Vicente Fox.
La próxima Cumbre de las Amércias podría ser la pista de despegue del debate formal entre los gobiernos
El gran consumidor, Estados Unidos, donde según la ONU se concentra el 37% del consumo mundial de coca, se aferra entretanto a su credo prohibicionista. Inmediatamente después del volantazo del exgeneral Otto Pérez, que antes de ganar la presidencia en enero prometía más mano dura y ahora encabeza el cuestionamiento de la guerra contra el narco, la embajada estadounidense en Guatemala soltó un comunicado granítico: “La legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad pública”. Su esfuerzo global contra el tráfico de estupefacientes, sin embargo, está disminuyendo. El Gobierno de Barack Obama invertirá en 2013 un 17% menos que en 2012 en su batalla global contra el tráfico de drogas, de 422 a 360 millones de euros.
La tradicional estrategia antidroga pierde fuelle económico y cuajo político mientras se aviva por primera vez en las élites de gobierno latinas el enfoque regulacionista, que apuesta por bloquear el motor del crimen haciendo emerger a la superficie legal el submundo comercial de los narcóticos y reorientar el gasto público hacia políticas de prevención del consumo y de tratamiento de las adicciones.
El próximo movimiento podría tener lugar en la Cumbre de las Américas, 14 y 15 de abril en Cartagena de Indias, Colombia. Otto Pérez ha anunciado su propósito de utilizar esta cita como plataforma de lanzamiento formal del debate, Funes ha dado un paso atrás nada más encenderse la polémica, matizando que acepta hablar sobre la regulación pero no la defiende personalmente, y Colombia ha vuelto a entrar en el cogollo de la cuestión con la apuesta de su ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, por discutir la cuestión en la Cumbre. Y la reina del tablero, por ahora, sigue enrocada en su casilla.
