El proyecto para legalizar la venta de marihuana sigue dando que hablar en Uruguay. Ahora trascendió que el gobierno está analizando la posibilidad de vender a los consumidores 40 gramos a 700 pesos a través de una tarjeta con código de barras.
Según publicó hoy el diario La República, funcionarios y asesores de gobierno, integrantes de la Junta Nacional de Drogas y legisladores están por estos días abocados a encontrar un consenso para crear un buen proyecto de ley que, llegado el momento, tenga altas posibilidades de ser aprobado en el Parlamento.
Los 40 gramos sería el máximo mensual al que podrían acceder los consumidores, mientras que el precio que se maneja para esa cantidad, es el mismo que actualmente rige para el mercado negro. ¿Por qué entonces los consumidores se inclinarían por adquirir la marihuana al Estado?, la pregunta surge casi en forma espontánea. La diferencia estará en la calidad, "en definitiva el elemento con el que se pretenderá arrancar del circuito ilegal al consumidor".
El otro elemento novedoso es que la marihuana se podrá adquirir con una tarjeta con código de barras que permitirá controlar la cantidad que se adquiere pero que no aporte datos sobre la identidad del consumidor, uno de los puntos cuestionados en el momento que trascendió el proyecto original, en junio. Aquel primer borrador hacía referencia a que los que incurrieran en excesos de consumo deberían someterse a tratamientos de rehabilitación, que el propio Estado financiará con los impuestos que aplicará a los porros.
En cuanto a la tarjeta, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, aseguró que hay posibilidades que se pueda implementar su uso de manera tal que a través del código de barras se escondan los principales datos filiatorios del consumidor. "No hay un modelo final, estamos trabajando en busca de soluciones que nos den garantías a todos, a los ciudadanos, usuarios y servicios del Estado que van a proporcionar la sustancia", explicó. "Tecnológicamente, son posibles una cantidad de soluciones en la búsqueda de no criminalizar a los usuarios y evitar el desarrollo y crecimiento del mercado negro".
La ejecución y regulación de la tarjeta (además de otros puntos de la ley, en caso de que fuera aprobada) la hará, según consignó al matutino montevideano el diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de adicciones Sebastian Sabini un nuevo organismo del Estado, "una oficina especializada que tenga como responsabilidad el control, regulación y dosificación", sostuvo. "La Junta Nacional es la entidad rectora, pero se necesita crear un organismo estatal que ejecute y regule la ley que estamos redactando", concluyó el legislador del MPP, el sector del Frente Amplio del que proviene el presidente José Mujica.
El proyecto, debido a su importancia y sensibilidad, viene demandando a sus impulsores muchas discusiones y estudios para despejar, en lo posible, los interrogantes y dudas que surgieron cuando salió a la luz.
