“No le estamos acusando de actuar de forma ilegal, sino de ser inmoral”. Así de tajante se mostró Margaret Hodge, presidenta de la comisión que investiga en el Parlamento británico las controvertidas prácticas fiscales de algunas multinacionales, ante el directivo de Google que defendía las actuaciones tributarias, Matt Brittin. Comparecía ante la Cámara de los Comunes para explicar por qué el buscador de Internet traslada sus beneficios a Irlanda y opera algunos de sus negocios desde Islas Bermudas. Brittin alegó que todas esas operaciones se ajustan a la legalidad.
Esa estrategia fiscal permitió a Google ahorrarse el año pasado más de 1.500 millones de euros en impuestos al trasladar unos 7.600 millones de beneficios al paraíso fiscal de Islas Bermudas, según publicó Bloomberg hace unos días.
Las prácticas del gigante estadounidense son imitadas por otras grandes multinacionales como Facebook, Apple, Amazon, Samsung, Microsoft o Starbucks. Reino Unido, Francia y Alemania investigan las triquiñuelas tributarias de estas multinacionales que trasladan sus beneficios a las filiales situadas en países europeos con menos impuestos, como Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Suiza. Se trata de prácticas de “planificación fiscal agresivas”, nombre con el que se conoce a las técnicas contables para reducir la factura con el fisco.
Los efectos de la globalización, la misma que convierte a estas compañías en las más admiradas del planeta, las más cool, permiten a estas multinacionales peinar la legislación de los países y buscar resquicios legales para reducir su recibo fiscal. “Hay algo nebuloso con estos conceptos tradicionales de residencia fiscal o de residencia de balanza de pagos en el contexto de una economía en el que las multinacionales están en todas partes, pagan impuestos en todas partes y eso dificulta mucho la contabilidad”, explica Augusto López Claros, director de análisis del sector financiero y privado del Banco Mundial (BM). Este experto vincula el fenómeno con la globalización: “Los mecanismos tradicionales que utilizamos para evaluar y medir [la evasión fiscal] se han visto afectados, revolucionados por los cambios en la economía global”.
Estas compañías convertidas en iconos mundiales comienzan a sufrir el descrédito de sus clientes. En Reino Unido se ha creado un movimiento ciudadano contra los recortes Uk Uncut (www.ukuncut.org.uk) que está llevando a cabo protestas contra la elusión fiscal de Starbucks, Amazon y Google. Esta organización celebró protestas en medio centenar de locales de la compañía cafetera para convertirlos en centros sociales y guarderías. La presión social ha llevado a Starbucks a replantearse su estrategia fiscal y anunciar que pagará más impuestos en Londres.
La presión de consumidores e instituciones públicas está cambiando la política tributaria de algunas multinacionales. “Estas prácticas afectan a la reputación de las empresas”, explica Francisco Isidro, profesor de ESIC. “Tiene un efecto sobre el consumidor. El valor intrínseco de una marca es lo que se transmite a los consumidores, es lo que hace que se enamoren de ella. Y esas actuaciones fiscales tienen un efecto negativo inmediato. Todas las marcas tienen que cuidar esas cuestiones para su imagen. También existe un impacto sobre el aspecto profesional de las compañías con el perjuicio para sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa”, relata Isidro, que admite que “es verdad que empiezan a cambiar cuando tienen experiencias negativas”. Por ejemplo, Inditex, matriz de Zara, cambió su política de facturación de su tienda online, que tenía radicada en Irlanda para pagar menos impuestos, a raíz de las informaciones en prensa sobre estas prácticas.
“El cambio de actitud de estas empresas no vendrá por un cambio de la filosofía sino por la presión de los consumidores y el cerco de las autoridades”, zanja.
Los gigantes tecnológicos están en el ojo del huracán: Reino Unido ha hecho desfilar a los responsables de Amazon, Google y la cadena cafetera Starbucks por una comisión de investigación en el parlamento. En las últimas semanas la policía financiera italiana entró en la sede Google y Facebook en Milán en busca de registros contables y documentos fiscales para comprobar dónde obtienen los beneficios. Francia también vigila a estas compañías. El pasado verano creó la tasa Google, un tributo por el que el Ejecutivo galo pretende que las multinacionales paguen impuestos locales por las operaciones que realicen en suelo francés. París pretende trasladar el debate a la Comisión Europea y propone extender esta solución al resto de socios.
Bruselas recogió el guante recientemente y propuso la creación de una “cláusula anti-abuso” en los sistemas fiscales nacionales para impedir a las grandes compañías rebajar su coste fiscal mediante el traslado de los beneficios a otros estados miembros. “La idea”, sostiene el comisario de asuntos fiscales, Algirdas Semeta, “es que los impuestos deben pagarse en el país donde se produce la actividad económica real”.
Pero las multinacionales crean una estructura societaria y usan sus filiales para trasladar los beneficios a los países con menor tributación. Por ejemplo, Google Spain, que hace negocios por cientos de miles de euros en España, factura a la filial irlandesa del gigante de Internet. En Dublín paga un impuesto de sociedades del 12,5% en vez del 35% con el que se tributa en España. La compañía estadounidense ha registrado pérdidas en España durante los últimos dos años a pesar de su jugoso negocio digital: Google Spain ingresó 38,3 millones en 2011, pero facturó a Google Ireland 36,9 millones por la prestación de servicios. Desplaza así los beneficios a Dublín desde donde a su vez traslada negocios a Islas Bermudas.
Los negocios de Apple en España también son paradigmáticos de las prácticas de las multinacionales. La compañía de la manzana opera a través de dos filiales: una que controla el negocio de las 10 tiendas que tiene en España y otra para vender los productos de Cupertino directamente a terceros, generalmente centros comerciales y grandes superficies. La primera compañía, Apple Retail Spain, adquiere los productos que vende a la filial irlandesa con un estrecho margen. De esta forma, el beneficio que queda en España es reducido porque el grueso de los ingresos se quedan en Dublín. A esta práctica se conoce como “precios de transferencias”.
La segunda sociedad Apple Marketing Iberia factura a la filial irlandesa por las comisiones que realiza por cada venta. De esta forma, los beneficios por la venta de los productos también se van a Dublín.
Los expertos tributarios aplauden los esfuerzos por limitar estas prácticas de ingeniería fiscal pero recelan de su éxito porque al final se trata de instrumentos de competencia entre países. Justifican que la ley permite estas prácticas y defienden que si se quiere cambiar esta conducta tributaria habría que cambiar la ley. “Mientras la fiscalidad sea un elemento de competencia entre los Estados será difícil llegar aplicar una solución”, razona Javier Fernández Cuenca, socio del bufete de abogados Pérez- Llorca y profesor de fiscalidad del IE Business School. “España es un jugador más de esta partida. En las dos últimas décadas ha aprobado soluciones fiscales atractivas para atraer inversión”, asegura y pone de ejemplo el régimen fiscal canario. “Es casi tan beneficioso como el irlandés”, añade.
Fernández Cuenca justifica las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales. “A las empresas no se les puede criminalizar por aplicar la ley. Otra cuestión es si hay que cambiar las leyes”, explica desde el despacho Pérez-Llorca, que deja claro que lo que no se puede hacer es defraudar. “No se puede jugar con los precios de transferencia. Eso sería coger el dinero y salir a correr. Pero sí hay que aprovechar los resquicios legales”.
Los Gobiernos europeos han reforzado la lucha contra las multinacionales que eluden el pago de impuestos. La crisis merma las arcas públicas y buscan ingresos en sectores que hace unos años pasaban desapercibidos a efectos fiscales.
Esta situación preocupa a las principales instituciones internacionales. El G-20 ha emprendido una ofensiva para limitar el abuso de los precios de transferencias y la deslocalización de beneficios. En la última reunión del cónclave, celebrada en México el pasado noviembre, se discutió sobre el asunto y se encargó a la OCDE, el club integrado por las economías más desarrolladas del planeta, que elabore un informe sobre los abusos fiscales de las multinacionales para la próxima reunión del G-20 que tendrá lugar en febrero de 2013 en Rusia. La OCDE ha advertido reiteradamente sobre este riesgo. Ha creado un grupo de trabajo para reducir estas prácticas que hacen esfumarse los impuestos. Y propone a los países que mejoren sus convenios de doble imposición e intercambio de información para estrechar el cerco a estas prácticas.
A principios de noviembre celebró un congreso sobre estas prácticas en el que participó el secretario de Estado de Hacienda de España, Miguel Ferre. A raíz de aquel encuentro, el Gobierno ha creado una oficina de fiscalidad internacional para vigilar las prácticas fiscales de estas compañías y vigilar “la erosión de las bases imponibles en el impuesto de sociedades y la traslación de beneficios de los países desarrollados por estrategia de planificación fiscal”. El diputado socialista Pedro Saura propone: “Hacienda debería calcular la brecha fiscal que mide la diferencia entre lo que realmente pagan los contribuyentes y lo que deberían pagar de acuerdo con la ley, y qué parte de dicha brecha es consecuencia de las prácticas agresivas de las multinacionales”. Saura ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para crear “un plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las multinacionales”. Su idea es que los ejecutivos de las multinacionales desfilen por el Congreso para explicar sus prácticas fiscales.
