De acuerdo con un informe publicado por el diario británico 'The Guardian', grupos de caridad infantil han expresado su preocupación de que las nuevas medidas de residencia obstaculicen la protección jurídica básica a los infantes abandonados o víctimas de la trata.
“Muchos de los niños que han sido abandonados o víctimas de la trata con fines de explotación sexual o trabajo forzado se quedarán sin una voz y derecho de resarcimiento. Se les impide impugnar las decisiones y se les niegan sus derechos básicos a la ayuda y protección”, reza la nota de Matthew Reed, presidente ejecutivo de la sociedad británica de niños.
En las nuevas propuestas del Gobierno de David Cameron para obtener asistencia jurídica es necesario residir legalmente en el Reino Unido y haber vivido en el país de forma continua durante al menos 12 meses.
Recientemente, la Comisión Europea (CE) informó de que Londres impone un requisito de residencia extra a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que no se aplica a los británicos, subrayando que el Reino Unido está violando la legislación comunitaria.
La Comisión de la UE también señaló que la prueba discriminatoria del Gobierno británico podía negar a miles de inmigrantes su derecho a reclamar el desempleo y prestaciones de bienestar familiares a los que tienen derecho según la legislación europea.
