miércoles, febrero 05, 2014

El Departamento de Justicia de EE.UU. admite que la NSA puede espiar al Congreso

Es "probable" que la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) haya espiado a los miembros del Congreso y su personal, ha admitido el segundo cargo más alto del Departamento de Justicia del país, el fiscal general adjunto James Cole.

Durante la sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebrada este martes, uno de los participantes preguntó a Cole si el registro de la NSA recoge también los datos de los números con códigos telefónicos especiales que pertenecen a las oficinas de los congresistas. "Probablemente sí", respondió Cole, según recoge el portal 'Security Management'. Pero precisó que no se les permite investigar un número hasta que haya una sospecha "razonable y articulable" de que estos números están relacionados "con una conocida amenaza terrorista".

Al mismo tiempo, Cole insistió en que el programa de vigilancia de la NSA es perfectamente legal y está en conformidad con la sección 215 de la 'Ley Patriota' que presuntamente autoriza la recogida masiva de datos. "Es importante recordar que los tribunales, los árbitros finales de la ley, han establecido reiteradamente que el programa es legal, entre ellos los 15 jueces del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y dos cortes de distrito. Ha habido solo una sentencia en contra de una corte de distrito que actualmente se está apelando", comentó, en referencia a un informe publicado en enero por  Panel de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles que instó a suspender el programa o modificarlo de inmediato.

El Congreso jamás tuvo la intención de autorizar la recopilación masiva de metadatos telefónicos a la hora de establecer la 'Ley Patriota', opinó por su parte el congresista Jim Sensenbrenner, quien colaboró en la elaboración de la normativa. Insistió en que ha llegado la hora de establecer cambios sustanciales. Seguir recogiendo información de la misma manera supone un gran riesgo de que el Congreso retire su apoyo a la 'Ley Patriota' como tal, es decir, que suspenda los poderes excepcionales que concede esta norma aprobada tras los atentados del 11-S para combatir el terrorismo, según puntualizó una gran parte de los participantes en la sesión del Comité Judicial.